De una forma genérica se podría decir que el sector público está constituido por las empresas públicas y las Administraciones Públicas. La contabilidad pública se ocupa del sistema contable de estas últimas, que al prestar servicios públicos sin afán de lucro, presenta notables diferencias con respecto a la contabilidad de la empresa.
La pieza clave de la contabilidad pública es el presupuesto, concretamente en España el Presupuesto General del Estado, en el que se plasman cifras previsionales de ingresos y gastos, así como su posterior realización. Pero esta área no debe limitarse al presupuesto, lo que ha venido sucediendo durante mucho tiempo. Su campo de aplicación debería extenderse a niveles similares a los de la contabilidad de la empresa, puesto que un gran colectivo precisa información de esta índole para adoptar decisiones económico-financieras.
En el ámbito político, económico e institucional, interesa –igual les ocurre a las empresas y a los ciudadanos en general– conocer el resultado y el patrimonio nacional, y saber cómo se redistribuyen éstos, puesto que la mayor parte de su financiación proviene de impuestos y otros pagos obligatorios en los que todos colaboramos. Una peculiaridad muy importante es que hay que rendir cuentas del presupuesto realizado, del patrimonio y de los resultados ante un órgano de control externo; en nuestro país es el Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, cada día con mayor intensidad se reclama la implantación de modelos de contabilidad de gestión en los entes pertenecientes a este sector. De este modo, sus directivos estarán en condiciones de gestionar más eficazamente los recursos de los que disponen y, además, los ciudadanos podrían conocer el coste de los servicios que generan.
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